INTERPOL incrimina a MURILLO

Muy caro le salió a la escritora hispano-costarricense Catalina Murillo su ardid promocional para vender por segunda vez una novela hace ya años publicada. La desesperada autora aparentemente inventó que su novela había sido “pirateada y encima retocada” con unos capítulos de contenido sexual explícito. La artimaña logró que hordas de costarricenses (uno de los pueblos menos lectores del planeta, según estimaciones de la Unesco) se lanzaran a comprar el dichoso libro, colapsando al menos la única librería de Hojancha y las principales vías de acceso a San José. Este comportamiento anómalo de los analfabetas puso sobre la pista a las autoridades.

No contaba Murillo, además, con el doble filo de su doble nacionalidad. La ministra de Cultura de España, Ángeles González-Sinde, abanderada de la lucha antipiratería en ese país, vio aquí la oportunidad de poner en marcha un operativo de carácter internacional. A petición suya, miembros de la Interpol se presentaron en Costa Rica para determinar si se trataba de un caso de autoplagio, piratería o falsificación ideológica, y cuál no sería su sorpresa cuando descubrieron que se trataba de los tres delitos a la vez. Encima interceptaron a la propia Murillo en una conocida playa del Caribe, mientras vendía la obra adulterada sobre una manta.

También a la ministra le ha salido el libro por la culata, y tanto operativo y afán de justicia ha servido para destapar una mafia ibérica que se dedica a la antipiratería o “crimen desorganizado”, como observó Neil Chomsky (el jocoso primo del distinguido Noam Chomsky), amigo personal de la escritora. “Luchar contra la piratería es la forma elegante de ser pirata a secas, aunque el cinismo los obligue siempre a brindar al final de las presentaciones”, acotó el ilustre jurista y bartender, quien ya lidera una campaña internacional a favor de la piratería.

Murillo permanece a las órdenes del Ministerio Publico de Costa Rica, quien pidió seis meses de prisión preventiva mientras se le investiga por los delitos de desacato, escándalo público (ver nota aparte) y suplantación de la propia identidad. El juez Baltazar Garzón y la ministra Ángeles González-Sinde se reunirán la próxima semana con autoridades costarricenses para determinar si cabe la extradición de la imputada, quien ya de por sí no cabe en la celda en la que fue encerrada junto a sus manuscritos.